El Gobierno quiere garantizar que las zonas más vulnerables tengan acceso a cajeros automáticos

Situación actual

Un informe del Banco de España sobre la accesibilidad presencial de los servicios bancarios señala que el 65 % de la población usa dinero físico. Sin embargo, la entidad confía en que este hábito cambie por la facilidad que ofrecen los pagos electrónicos frente a la dificultad para hallar un cajero automático. Un obstáculo que se ve agravado en el ámbito rural.

De hecho, este problema tiene su origen en el cierre de oficinas, y en las restricciones horarias en algunas de ellas. Circunstancias que comportan una caída añadida del número de cajeros. Prueba de ello es que al cierre del tercer trimestre de 2023 había 43 620 terminales en todo el país, un 3,68 % menos que en el mismo periodo del año anterior. La cifra más baja desde que hay registros (año 2000). En suma, se trata de una realidad insoslayable que afecta, sobre todo, a los colectivos más sensibles.

Beneficios de un cajero automático

Más allá de ser un simple dispositivo para que los ciudadanos accedan al efectivo, los cajeros automáticos tienen un importante valor añadido en la sociedad rural. Desde que se instalara el primero en Londres, el 27 de junio de 1967, el sistema ha cambiado para siempre la forma en la que administramos nuestro dinero y, por supuesto, la manera de consumir.

En zonas vulnerables, con despoblación o que han sufrido una catástrofe natural, su presencia resulta especialmente beneficiosa. Garantiza cash sin necesidad de complejas infraestructuras tecnológicas e impulsa la resiliencia entre las poblaciones cercanas. A su vez, favorece el comercio y la inclusión social; alivia, en parte, la pobreza y concede mayor dignidad y autonomía a los usuarios. Todo ello, sin olvidar que el dinero en metálico preserva la privacidad individual al no existir intermediarios en las transacciones que lo involucran.

El Gobierno obligará a instalar cajeros en pueblos y áreas a partir de 5000 habitantes

Aquí llega la gran novedad. En muy pocos días vamos a asistir a un nuevo capítulo de los acuerdos alcanzados entre el PSOE y las dos formaciones independentistas catalanas (ERC y Junts). El Gobierno ha aceptado la proposición de ley planteada por el Parlamento catalán. Así, en el Congreso se va a decidir la resolución final. No en vano, en el pleno de la semana pasada ya se llevó a cabo la primera votación, con 310 votos a favor, ninguno en contra y 33 abstenciones.

Se trata de una nueva legislación que pretende garantizar, como mínimo, un terminal tanto en municipios como en barrios que estén en riesgo de exclusión financiera. En concreto, se persigue que los ciudadanos tengan acceso a través de él a los servicios bancarios básicos de proximidad en zonas que agrupen una población de, al menos, 5000 habitantes.

Medidas de implementación

La norma, que desde el Gobierno afirman saldrá adelante definitivamente, indica que los costes de instalación y mantenimiento «en ningún caso podrán repercutirse a los usuarios del servicio», sin perjuicio de las comisiones aplicables con carácter general por las entidades financieras. De igual modo, en otras medidas se detalla lo siguiente:

• El cajero debe tener condiciones de accesibilidad universal.
• Debe estar operativo de forma continua, las 24 horas y todos los días del año.
• Estar disponible en las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas, algo que, por otra parte, ya se hace en la mayoría de la red.
• Y, por último, las prestaciones mínimas deben ser «la retirada e ingreso de dinero en efectivo, el pago de recibos y tributos, las consultas de movimientos y saldos, la obtención de extractos y la realización de transferencias».

¿Cuándo entra en vigor?

Su entrada en vigor está condicionada por la votación final en el Congreso; si se aprueba, el Banco de España tendrá un plazo de tres meses a contar desde la celebración de la votación. Eso sí, debe remitir al Ministerio de Economía una lista previa que contenga los municipios que estén en riesgo de exclusión financiera y, después, publicarlo en el Boletín Oficial del Estado. Por último, tendrá lugar un trámite de consulta para que los ayuntamientos aleguen. Si todo va bien, deberán informar sobre el espacio en el que hayan decidido instalar el nuevo cajero.

Entidades del Grupo Caja Rural

La noticia de que el Gobierno quiere garantizar ahora que las zonas más vulnerables tengan acceso a cajeros automáticos, sin duda, es positiva. Lo demuestra el hecho de que las diferentes entidades que componen el Grupo Caja Rural, el mayor exponente nacional de banca de proximidad, llevan acometiendo esta labor desde hace muchos años. Además, lo realizan con un total compromiso social y un claro objetivo de inclusión financiera, como uno de sus estandartes más representativos.

Aquí está la solución

Mientras que otras entidades han decidido cerrar parte de su red de oficinas, en Caja Rural se han abierto nuevas sucursales y multitud de cajeros, y se han implementado distintos medios para proveer de una solución a los ciudadanos que necesitan acceder a servicios financieros. Por ejemplo, con ofibuses, o con el desplazamiento de trabajadores a oficinas y áreas especialmente habilitadas.

De este modo, acompañados por la comodidad de la banca digital de Ruralvía y el pago móvil para compras físicas u online, los usuarios disponen de todas las posibilidades para realizar sus operaciones bancarias habituales con total seguridad. Un servicio excelso que llega a todos los pueblos que no tienen oficina bancaria. Esto es, la mitad de los municipios de España.

Si te interesa obtener más información sobre el conjunto de las 30 cajas rurales distribuidas a lo largo de la península y las Islas Canarias, puedes recabarla descargando la aplicación. En Apple o Android. Es fácil, ¿te interesa?